Una renovación para la Iglesia chilena
Aún no se sabe cuál es el destino que corren los obispos chilenos luego de su reunión en el Vaticano. Si el papa Francisco aceptará o no la renuncia de todos o si habrá otro tipo de medidas está por verse, pero no pocas personas piden que haya una completa renovación de la curia tras los escándalos por abusos sexuales desatados en Chile.
Otros, como el obispo Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), hablan de la renovación en términos más profundos, es decir, que va más allá de cambiar a una persona y poner otra en su lugar. Silva declaró en una carta publicada en el sitio web de la CECh que la Iglesia chilena necesita una urgente renovación y enfatizó en que le corresponde a todos, particularmente a los obispos, animar un proyecto intenso y extenso de renovación eclesial que comience por el diálogo.
Sobre el encuentro en la Santa Sede y las conclusiones de la investigación que realizó el arzobispo maltés Charles Scicluna con respecto a los abusos cometidos por el clero en Chile, Silva dijo que que si algo quedó claro de aquellas francas conversaciones en el Vaticano, es que “la vida de obispos y sacerdotes no siempre corre por los cauces del Evangelio”. Los errores y la comisión de delitos como los abusos de menores, consideró, los apartan de ese camino.
La misiva, que fue divulgada el lunes y reflejada ampliamente por varios medios de prensa, señala que el hecho de que los obispos chilenos pusieran sus cargos en manos del papa Francisco es una decisión que refleja la voluntad de la jerarquía eclesiástica de hace realidad esa transformación necesaria. Asimismo, asegura que los obispos son conscientes de que el perdón que han solicitado no será suficiente y que se requerirán acciones reparatorias concretas.
Y no puede ser de otra manera, pues el informe de Scicluna, que contiene más de 2 000 páginas, denuncia todas las desviaciones que ocurrieron en Chile. Entre ellas que algunos religiosos expulsados de sus respectivas órdenes fueron acogidos en otras diócesis, donde además recibieron encargos que los llevaron a estar en contacto con niños y adolescentes. También sucedió que frente a algunas denuncias se actuó de forma superficial y fueron desatendidas.
Por otro lado, se considera que hubo negligencias en la protección de los niños por parte de los obispos y de los superiores religiosos, además de la destrucción de evidencias o documentos comprometedores llevada a cabo por algunos de los encargados de archivos eclesiásticos.
