Chile no quiere narcotraficantes
El Gobierno de Chile , enfrascado en una lucha por fortalecer la seguridad dentro del país, expulsó esta semana a 69 bolivianos y 8 peruanos que cumplían condenas en cárceles chilenas, acusados fundamentalmente del delito de narcotráfico. En autobuses que salieron desde Santiago y que tomaron rumbo a la región norte, fueron deportados los convictos, de acuerdo con información de fuentes oficiales.
Según dio a conocer el Ministerio del Interior chileno, los condenados serán entregados por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) en la frontera de sus respectivos países. Se trata de personas que fueron encartados principalmente por tráfico de drogas, no obstante hay otros, como el caso de un boliviano, que cumplen sanciones por delitos graves, como la violación de una niña de 12 años en el 2013.
Señala la agencia EFE que este es el cuarto operativo de esa naturaleza que lleva a cabo el gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera, y se calcula que en lo que va de año las autoridades chile nas han expulsado del país a 1 187 extranjeros que cometieron algún tipo de crimen o que se encontraban en Chile de forma irregular.
Así ocurrió recientemente con medio centenar de colombianos, los cuales fueron expulsados por el Gobierno en un avión de la Fuerza Aérea. En esa ocasión se trataba de ofensores que habían cometido delitos y cumplido las sanciones previstas por ellos, tanto en territorio chile no como en su país de origen.
Sin embargo, y aunque estas acciones se ejecutan bajo la bandera de alcanzar una mayor seguridad ciudadana, lo cierto es que no todos están de acuerdo con la actuación del gobierno chileno, de ahí que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien tuvo a su cargo la supervisión de la deportación, tuviera la necesidad de salir al paso a las críticas, especialmente las de las asociaciones de ayuda a los migrantes.
Ubilla insistió en que con estas acciones el Gobierno no está infringiendo la ley, y tampoco incurre en una violación de los derechos humanos, pues, de acuerdo con sus declaraciones, en más del 95 % de los casos de los expulsados se trata de personas que tenían una orden judicial para abandonar el país después de ser condenados.
