Los corruptos no van a prisión
No importa que haya tenido un cargo público como el de subsecretario de Minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), una cuestión que debió ser tenida en cuenta como agravante frente al delito que se le imputa: Pablo Wagner, quien fuera condenado este miércoles por delitos tributarios e incremento patrimonial injustificado, no irá a la cárcel, sino que cumplirá la pena en libertad.
Fuentes judiciales informaron acerca de la decisión sobre Wagner, quien tuvo que responder ante la justicia en el marco del caso Penta, de financiación ilegal de partidos, parlamentarios y dirigentes políticos. Tras un juicio abreviado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el político fue sentenciado a firmar periódicamente ante Gendarmería (Servicio de Prisiones) durante dos años, lo cual sustituye la prisión que había solicitado la Fiscalía.
Y claro, tendrá que desembolsar 42 millones de pesos (unos 64 600 dólares), pero esa suma representa solo la mitad de los impuestos eludidos. De igual forma deberá pagar una multa adicional equivalente a 40 unidades tributarias anuales, lo cual es igual a 35 000 dólares.
La justicia también le impuso, como sanción accesoria, que no podrá ejercer cargos públicos durante cuatro años, precisaron las fuentes.
Sin embargo, resalta en este caso que, a pesar de ser encausado por las mismas razones, el tribunal no le dio a Wagner las mismas condenas que a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes se enfrentan a cuatro años de libertad vigilada, inhabilitación perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el mismo periodo de tiempo. En cuanto a los impuestos, ellos tendrán que devolver el 100 por ciento de los tributos eludidos, equivalentes a 857 millones de pesos chile nos (1,3 millones de dólares) cada uno.
Resulta significativo, igualmente, que la Fiscalía retirara a los imputados el cargo de cohecho, el cual hubiese implicado penas más severas. Precisamente esto último es lo que ha motivado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y querellantes particulares a apelar ante tribunales superiores, reportó la agencia EFE.
El caso Penta se denomina de ese modo por el banco de Inversión que manejaba recursos por unos 20 000 millones de dólares y que distribuyó dinero entre políticos para financiar campañas o como pago por cabildear a favor de sus intereses en algunos proyectos de ley.
