Borrando las huellas de la dictadura
Más de 40 000 son las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet, dentro de los cuales más de 3000 son muertos o desaparecidos. No en balde el Chile de hoy quiere distanciarse de la huella de tristeza y dolor que sembró este régimen durante 17 años, por lo que no es extraño que las instituciones cuyos nombres se relacionan de algún modo con esa época, quieran cambiar sus denominaciones.
Así ha sucedido con el Consejo Nacional de Inteligencia, institución a la cual recientemente el Gobierno chileno le cambió el nombre para evitar que se confundiera con la Central Nacional de Inteligencia (CNI), uno de los aparatos represores de la dictadura. Esta es tan solo una de las 150 medidas adoptadas por la Mesa Nacional de Seguridad, las cuales buscan blanquear la imagen del país y darles mayor seguridad a los ciudadanos.
De acuerdo con un cable de la agencia EFE, estas acciones del gobierno de Sebastián Piñera están impulsadas por las críticas que realizaran agrupaciones de Derechos Humanos y figuras políticas a la administración actual, de ahí que el presidente sostuviera varias reuniones con sus ministros y decidiera cambiar la denominación de la nueva entidad a la de Consejo Asesor de Inteligencia (CAI), y de este modo evitar confusiones.
Son siglas que no nos parecen las más afortunadas, manifestó Cecilia Pérez, ministra portavoz de Gobierno, quien además se refirió a la polémica afirmando que más allá de las siglas que se puedan estar buscando, lo importante es el fondo, la esencia de las entidades creadas, que no tienen nada que ver con aquellas.
Lo que quiere resaltar el gobierno de Piñera son las 150 medidas que se han tomado para mejorar la seguridad, algo que el presidente consideró es urgente en el país, de ahí que se trabaje en la modernización de las policías y del sistema de Inteligencia del Estado.
La responsable de llevar a cabo estas propuestas fue la Mesa de Seguridad Pública, una instancia formada por autoridades, dirigentes y expertos de diversos sectores, que fuera creada el pasado abril y cuya misión principal es propiciar mejores condiciones para velar por la seguridad nacional, en especial la capacidad del Estado y sociedad para combatir la delincuencia y el narcotráfico.
