Una trama de corrupción aflora en Chile
Al atardecer el viernes 3 de febrero del año pasado, agentes de la PDI de la Brigada de Delitos Funcionarios entraron en las oficinas de OAS una empresa constructora en Santiago. Al parecer, OAS estaba relacionada con el famoso caso de corrupción Lava Jato, con ramificaciones en diversos países sudamericanos. La ejecución de la actividad por órdenes de Ximena Chong, fiscal de Delitos de Alta Complejidad perseguía como objetivo confiscar los registros contables de la empresa constructora brasileña precisamente durante el período del año 2012 al 2013, en el cerco de la investigación por el supuesto fraude al Fisco producto del préstamo de un jet privado para la campaña presidencial de Marco Enríquez.
Al entrar en uno de los tres domicilios que investía la empresa constructora brasileña en Chile, el edificio de Monjitas 527, se descubrieron muchos más elementos de lo esperado. En una comunicación directa entre la fiscal Chong y Ponciano Salles, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal pedía una extensión de la autorización emitida para poder procesar estos nuevos elementos inesperados. Dentro de ellos se encontraba un servidor, un notebook, una CPU, un CD regrabable escrito con las siglas OAS TRUE CAP y un disco duro externo. Como era de esperar el estudio de estas nuevas evidencias tardaría varios meses, incluso la policía debió armarse de nuevos equipos tecnológicos que admitieran el peritaje forense del contenido de los discos duros. Aun así fue necesario situar e interrogar al representante de informática de la empresa constructora OAS en Chile para adquirir la contraseña y acceder a gran parte de los archivos hallados.
No fue hasta el mes de julio que la PDI pudo enviar un amplio informe con 261 páginas, describiendo detalladamente el resultado de los análisis investigativos de los archivos digitales de la empresa. En el disco incautado se encontraba alrededor de 8,9 gigas miles de e-mails enviados y recibidos, entre el período del 2008 al 2015, por Felippe do Prado Padovani, gerente general de la Constructora OAS en Chile. Padovani poseía estrechos vínculos con altos ejecutivos de OAS en Brasil, además su padre era amigo personal del, en aquel momento, presidente de OAS, Jose Adelmario Pinheiro Filho, quien se encuentra condenado a 16 años de prisión en Brasil por delitos de corrupción dentro del cerco del caso Lava Jato.
Uno de los principales cargos que se le imputan a OAS en Brasil es el triplex de 297 metros cuadrados obsequiado al expresidente Lula da Silva. Un departamento ubicado en un lujoso condominio frente a la playa de Guarujá. Motivo por el cual Lula fue condenado a nueve años y seis meses de prisión que comenzó a cumplir el pasado mes de abril. En Chile la OAS también perseguía intereses políticos. Precisamente el 25 de febrero de 2009, gerente general de la Constructora envió un conciso análisis de la situación política del país a Augusto César Uzeda, director internacional de OAS. Principal implicado en la enajenación del jet privado de la compañía a la campaña de Enríquez. Padovani le comunicaba a Uzeda: “Hay solamente dos candidatos con posibilidades (…) Sebastián Piñera y Eduardo Frei (…) nos encontramos trabajando en obtener una reunión positiva con los dos”.
Otro elemento interesante dentro de la investigación, fue la localización de 25 correos del operador político Giorgio Martelli, de los cuáles, dieciséis se relacionan con la investigación de la fiscal Chong respecto a las platas políticas. En uno de los mensajes Martelli adjuntó un archivo con indicaciones sobre la manera en que debían realizarse las donaciones según la Ley 19.884 concerniente a Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral y con las normas que administran las donaciones en Chile a las campañas políticas, detallando los plazos y los montos máximos permitidos.
Desde un inicio la fiscalía sabía que estos hechos son prescritos, pero era necesario investigarlos para determinar el contexto en que se ejecutó la millonaria donación de OAS a Marco Enríquez-Ominami, cuando le concedieron un jet privado por un plazo de tres meses para la campaña de 2013. La fiscal Chong solicita la formalización de ME-O debido al presunto delito de fraude realizado a las subvenciones. Obteniendo los testimonios de los ejecutivos de la compañía OAS César Fonseca y Augusto Uzeda, donde confirman el pago del avión. La operación costó alrededor de US$ 944.793,12, equivalentes a unos $ 516.625.856 según el cambio de moneda correspondiente a esa fecha. Además se encontraron registros de pagos pendientes que sobrepasan los US$ 7.707 y registros de transferencias por $ 95.029.845. Es evidente que parte de la trama de las platas políticas de OAS en Chile no será sancionada. Más cuando no fueron próspero los cinco intentos de negociación por parte de la fiscalía con la defensa de los ejecutivos de OAS en Brasil, para hacer entrega de la información correspondiente a donaciones a políticos chilenos. Es que pedían inmunidad a cambio de aceptarla, acto no admitido por el sistema legal chileno. Es que a veces sucede eso, la verdad y las pruebas son eminentes pero no hay nada que se pueda hacer. El poder a veces no siempre va del lado de la verdad.
