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miércoles, 25 de julio de 2018

Mano dura contra el abuso a menores

Por Camila.Mayo

Luego de los escándalos de la curia chilena por el abuso a menores y el encubrimiento que hicieron del hecho varias autoridades eclesiásticas, diputados de varios partidos políticos presentaron en días recientes un proyecto de ley que permitirá incrementar las sanciones a aquellas personas que no denuncien ese delito ante la Justicia.

De acuerdo con declaraciones del legislador Raúl Soto a la agencia EFE, específicamente el proyecto agrava las penas para quienes conozcan y no denuncien sobre las sospechas o indicios de casos de abusos a menores.

El representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) es uno de los promotores del proyecto y explicó que el objetivo es equiparar las sanciones para aquellos que omitan la denuncia al mismo nivel que tienen hoy las penas para los encubridores.

La legislación actual solo prevé una multa económica bien baja por incumplir con el deber de denunciar, precisó Soto, de ahí que decidieran emprender este proyecto que esperan contribuya a disuadir a quienes se quedan callados frente a un delito tan serio.

Soto declaró que aunque los recientes sucesos y el escándalo desatado por los abusos sexuales por parte del personal de la Iglesia Católica influyeron en que se apresurara la presentación ante el Legislativo, la propuesta no interviene en nada con las decisiones de la Iglesia, pues cada entidad actuará por su lado y de acuerdo con sus principios. Eso sí, advirtió, la justicia civil debe prevalecer. Los sacerdotes no son jueces –refirió– y no tienen que decidir si hay sospecha o delito, corresponde a la Fiscalía procesarlos y al tribunal sancionarlos, afirmó.

En este sentido la Fiscalía chilena ya decidió llevar a cabo acciones contra los sacerdotes presuntamente culpables y ha acometido allanamientos y registros en distintos obispados en el país, buscando información sobre casos de los cuales se tuvieran indicios o sospechas. Asimismo, un fiscal regional pidió a la Iglesia católica el informe elaborado por los enviados papales a Chile.

Lo significativo es que en el propósito por aprobar esta ley se han unido intereses diversos y partidos políticos diferentes. Al decir de Soto, cuenta con un apoyo transversal desde la izquierda hasta la derecha política.